Jordi Évole: “Mejor explorar las fronteras antes de cortarte tú mismo las alas”

Barcelona, 16/12/2014.  Noelia Carceller, Laura Flamarich y Júlia Gasull -  Jordi Évole es una de las caras más visibles de la televisión española con su programa Salvados. En su programa se informa desde una visión crítica sobre los temas más controvertidos de la actualidad. Évole cree que “nos debemos ganar un cierto respeto. Ahora mismo soy un privilegiado porque tengo una cosa que se llama audiencia y que nos da mucha libertad”. El periodista Paco Escribano también tiene muy clara la importancia del éxito en audiencia. Escribano opina que “si tienes éxito sabes qué quiere ver la gente y lo demuestras cada día” y es así, con programas como el de Évole, con el que se demuestra que el contenido crítico también puede ocupar un buen puesto en la televisión.

Évole es consciente de que a sus jefes los temas controvertidos no les hacen especial ilusión. La idea de hacer un programa que desnude las cosas y las explique claramente puede ir en contra de sus mismos anunciantes. Él cree que estos intereses políticos o comerciales “no deben de cambiar el contenido porque sino estaríamos haciendo propaganda”. Évole denuncia que estos tipos de contenidos, “deberían ser cartelera en medio público y la verdad es que está a años luz de los contenidos que plantea TVE”.

Jordi Évole durante el acto en la UAB

En la televisión española pública están pasando, según Évole, “cosas propias del final de un régimen”. Lamenta que el Partido Popular haya destruido con tanta facilidad lo que costó varios años conseguir. Durante la etapa del gobierno de Zapatero, los informativos de TVE eran los más vistos de España, después de muchos años. El periodo del tripartito fue “la etapa de mayor pluralidad de la televisión pública española”, ha dicho el periodista. Esto se demuestra, entre otras cosas, por los cargos directivos.

Sin embargo, esta etapa positiva para TVE, sobre todo para los contenidos informativos, acabó tras la victoria del PP en las elecciones de noviembre de 2011. Los populares renovaron la directiva de RTVE, entre ellos también el director de informativos. Fran Llorente fue cesado y pasó a sustituirlo Julio Somoano, vinculado al PP.

Una de las iniciativas del PP que perjudica a los medios es la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como “Ley Mordaza”, que se aprobó este jueves 11 de Diciembre por el Congreso de los Diputados gracias a los votos de la mayoría absoluta del PP. “Están privatizando la libertad” apunta Évole que ”lo único que están consiguiendo es adormecer y anestesiar a una población cabreada”.

En las acciones que esta Ley califica de delitos, las multas llegan los 100€ hasta los 600.000€, una forma de privatizar la libertad de expresión. “Espero que se derogue lo antes possible” admite el periodista de Salvados. Grabar a la policía y hacer uso de las imágenes sin autorización es una de la acciones consideradas graves por la “Ley Mordaza”.

“No me cabe en la cabeza que los medios públicos sigan al mando de los gobiernos” ha dicho Jordi Évole durante el acto y ha añadido que “hasta que no lo cambiemos no habremos avanzado”. Paco Escribano ha sugerido que el futuro está en seguir modelos como el de la BBC, donde los ciudadanos británicos pagan un canon para financiar el canal y eso genera un “compromiso y pacto con la audiencia de los ciudadanos”. Ahora mismo, según Escribano, “el único modo de garantizar un servicio público de los medios es la pluralidad”.

Se debe trasladar la crítica que hace el humor al periodismo

Évole denuncia que en TV3 “el espacio más crítico que hay es Polonia” y añade que le gustaría que aparte de ejercer la crítica con el humor se hiciera con el periodismo.  Hemos llegado a un punto dónde hay una demanda social de la necesidad de una información real y rigurosa, que pueda crear una visión crítica y que sirva para ejercer mejor como ciudadanos. Évole cree que se necesita una televisión pública más valiente a nivel informativo y que se puede hacer realmente cuando tienes este interés y no sucumbes el contenido a intereses comerciales o políticos.

La dicotomía entre el trabajo y la libertad es un punto de inflexión que reconocen Escribano y Évole que tiene una gran importancia en su día a día y en la profesión periodística en general. Según Évole es necesario huir de lo políticamente correcto, hacer esa pregunta incomoda cuando tienes la oportunidad y ejercer como es debido. Jordi Escribano, en la misma línea, cree que lo más importante es “tener vocación, que te guste la gente y explicar historias con hechos y después ver con lo que más puedes profundizar y ser valiente”.

TVE y TV3 al servicio de la política

Barcelona, 14/12/2014 - Júlia Gassull, Eduard Cortines y Noelia Carceller

La democracia y los medios de comunicación son conceptos ampliamente ligados entre sí. En este sistema político ya no es la autoridad quien determina sobre qué debe informarse, sino que son los propios ciudadanos quienes lo determinan. La libertad de expresión es uno de los principios fundamentales que caracteriza esta sociedad democrática. No obstante, este principio no se cumple en las radiotelevisiones públicas del área mediterránea europea, caracterizada por tener un sistema de medios pluralistas polarizados. 

Este sistema de medios se define por un fuerte paralelismo político, “es muy fácil identificar a los medios con tendencias políticas”, según Mª Isabel Fernández Alonso en “Modelos de gobierno de las radiotelevisiones públicas autonómicas en España: el caso de la corporación catalana de medios audiovisuales”; y también por la injerencia política. Los casos de las televisiones públicas TVE y TV3 son ejemplos de medios que están influidos por el gobierno de turno.

Una buena prueba de la injerencia política en la televisión pública española la encontramos en los últimos nombramientos que se han hecho públicos en estos meses. El nuevo presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, por ejemplo, ocupó el mismo cargo de responsabilidad en Telemadrid. Otro ejemplo lo encontramos con el nuevo responsable de Sant Cugat que proviene del departamento de prensa de Alicia Sánchez-Camacho (PPC). Precisamente por estos últimos nombramientos y por la situación general en el Ente Público, los trabajadores de RTVE han salido a la calle este mes de Diciembre para protestar por la falta de pluralidad y transparencia. CCOO de RTVE exige "unos informativos independientes del poder político" y luchan contra la manipulación, tal y como muestran en la red social Twitter.

El proceso soberanista: ejemplo de utilización política

El debate soberanista ha sido objeto de numerosa controversia por el trato informativo que se le ha dado por parte de TVE y TV3. Uno de los momentos polémicos vividos por la televisión pública catalana fue la cobertura de la Vía Catalana del pasado año en el programa infantil Info-K. En un reportaje emitido por este programa se muestran a menores que "luchan" por la independencia. "Si lo queremos tantos catalanes, al final España se rendirá y podremos tener la independencia", sentencia una de las niñas que aparecen en el programa. Este reportaje cosechó numerosas críticas por su voluntad propagandística y la utilización de menores que esgrimen opiniones públicas en una edad en la que aún tienen un déficit educativo para tener una opinión política sedimentada. 

En el otro lado de la balanza encontramos al ente público español. En el proceso participativo celebrado el 9-N, el TD1 incluyó unos rótulos y una gráfica en la que se mostraban los resultados según el censo del Idescat y no según los votantes que habían participado en ese proceso. Por este motivo el Consejo de Informativos de TVE se preguntaba en Twitter: ¿desde cuándo los resultados se extraen del censo y no de los votantes?

                             Tweet del Consejo de Informativos de TVE                           

Esta injerencia de los medios españoles afecta a la información que recibimos como ciudadanos y a la creación de una visión crítica en la sociedad. En España “hay casos extremos de manipulación clara como ha sido Telemadrid o Radio Televisión Valenciana  o casos más sutiles como la preponderancia del tema soberanista en TV3 o la prevalencia de los puntos de vista del gobierno en TVE” según Àngel Guimerà, profesor de la UAB en el campo de la estructura y las políticas de comunicación. Añade que el problema no es tanto la información que se recibe sino la que se elude.

El profesor Àngel Guimerà en su despacho

Está información sesgada crea un déficit, tanto en el caso de Cataluña como de España. Guimerà cree que es “la poca consciencia que tiene la ciudadanía sobre los medios de comunicación y sobre la importancia de la información que circula la que determina la percepción que tenemos de la realidad; que en este país facilita comportamientos de los políticos y los empresarios de los medios privados”. La solución al problema es compleja porque requiere tiempo, para que la gente entienda esta importancia de los medios y para desarraigar la manera de funcionar que ha habido durante estos años. Según Guimerà, lo que hay que hacer “es ir peleando continuamente para ganar pequeños espacios, tanto en el sector público y privado, y poco a poco ir concienciando a la sociedad de la importancia de la calidad de la información que recibe porque eso condiciona las decisiones que toma como ciudadano”.

Esta situación viene dada en parte porque hay una crisis de las industrias del sector periodístico y de los intereses que se esconden detrás de los medios. Guimerá denuncia que un pequeño sector de la población está tomando conciencia del tipo de información que desea consumir. “Esto ha generado la aparición de nuevos medios que intentan alejarse de ese planteamiento; La Marea, Alternativas económicas, Vilaweb, El Crític en Cataluña; y creo que hay una reacción desde ciertos sectores periodísticos de intentar alejarse de esos intereses y de intentar crear productos periodísticos nuevos que huyan de la idea de entender los medios como un instrumento más de la batalla política y económica” explica el profesor Guimerà. 

El fiscal pide 3,5 millones y 19 años para Urdangarín

Pedro Horrach penaliza a Urdangarín por ocho delitos del caso Nóos

Barcelona, 09/12/ 2014, Júlia Gasull - El fiscal Pedro Horrach reclama a Iñaki Urdangarín una multa de 3,5 millones de euros y una pena que puede llegar a 19 años y medio de cárcel. La causa de esta penalización es la supuesta responsabilidad de Urdangarín, marido de la Infanta Cristina, en ocho delitos del caso Nóos, dónde se habrían desviado más de seis millones de fondos públicos de Madrid, la Comunidad Valenciana y Baleares.

Urdangarín exigía que la intermediación y la gestión que hacía con los presidentes autonómicos repercutieran en contraprestaciones para él. Mediante el instituto Noós, Iñaki Urdangarín y Diego Torres, simulaban la contratación de servicios, que supuestamente prestaban para la Administración, con el fin de que los fondos públicos fueran a parar a sus propias compañías mercantiles.

El fiscal dicta una petición ante el juez José Castro de 11 años de cárcel para el ex presidente balear Jaume Matas, condenado previamente por el caso Palma Arena. Horrach ha calificado de inexistencia de indicios de delito en la relación de la Infanta con la trama. Sí ha dictado que debe pagar una indemnización por lucrarse del dinero de su esposo y reclama su declaración como testigo, aunque la Abogacía del Estado no la acuse de cómplice.

El abogado de Urdangarín ha calificado de muy alta la pena que ha pedido el fiscal Pedro Horrach. El fraude fiscal, el blanqueo de capitales y otros delitos que llevaron al desvío de 5,9 millones de euros de fondos públicos; han concluido con la pena pronunciada por Horrach de 3,5 millones de euros y 19 años y medio de prisión. El abogado Mario Pascual Vives ha comparado frente los periodistas el castigo de Urdangarín con la pena aplicada por un delito de sangre. El abogado ha dicho que económicamente Urdangarín podría hacer frente al pago que se le solicita pero no ha concretado si se va a llevar a cabo algún pacto. 

La Fiscalía solicita archivar la imputación de la Infanta por su "posición de indefensión"

Barcelona, 09/12/2014, Eduard Cortines -La Fiscalía Anticorrupción ha pedido archivar la imputación de la infanta Cristina al creer que se le acusa en base a “sospechas” y a un "raquítico 'pudo saber'". En lo expuesto en el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción 3 de Palma,  la fiscalía cree que la hermana de Felipe VI se encuentra en una "posición de indefensión". También se solicita que el juez Castro aplique la doctrina Botín para que la infanta no se siente en el banquillo bajo el amparo de "elementales razones de justicia e igualdad" con aquellos ciudadanos que no han pasado por la situación gracias a esta doctrina. A pesar de todo, reclama una fianza de 587.000 euros a Cristina de Borbón por lucrarse de los fondos ilícitos obtenidos por su marido a través de Aizoon.

La infanta Cristina, en los juzgados de Palma 

EFE / Xavi Bertral

Junto al escrito de acusación, el fiscal Pedro Horrach ha entregado un anexo de trece páginas en el que se apunta a la inexistencia de "dato, indicio, documento o declaración que acredite lo que hasta el momento ha sido incapaz de justificarse: una mínima prueba de cargo indiciaria y objetiva" de la participación de Cristina de Borbón en un supuesto fraude fiscal.

"Tras meses de afanada investigación, la conclusión que se ha extraído es un raquítico 'pudo conocer' que sitúa a doña Cristina de Borbón en una posición de indefensión", subraya Horrach en el escrito. Además, carga contra la Audiencia de Baleares al considerar que cuando encausó a la infanta por dos delitos contra la Hacienda pública el tribunal realizó un "errático paseo interpretativo".

Horrach recuerda el motivo por el que se revocó la primera imputación de Cristina de Borbón: desconocía que Aizoon sirviese de empresa 'pantalla' para desviar los fondos públicos obtenidos por su esposo y el exsocio de éste, Diego Torres, a través del Instituto Nóos. "Si la Infanta 'no tenía por qué conocer' que Aizoon era una sociedad instrumental utilizada por su cónyuge para presuntamente apoderarse de fondos públicos, ¿por qué tenía que conocer que era una sociedad instrumental para defraudar a la Hacienda pública?".

"Si Aizoon forma parte de un entramado ficticio denominado Grupo Nóos y, como la Audiencia ha reconocido, la Infanta desconocía el carácter instrumental de las sociedades de este grupo, no es coherente afirmar que conocía sin embargo el carácter ficticio de Aizoon", concluye el fiscal.

"De elemento decorativo a imputada"

Horrach lamenta que "nada se dice" para justificar que la Infanta Cristina, "de simple figurante o elemento decorativo" en el Instituto Nóos, "pasa sin solución de continuidad a 'imputada' como consecuencia de una pretendida posición de 'garante' en la entidad Aizoon".

"Es cotidiano" participar en negocio simulado

"La participación en un negocio jurídico simulado, en principio, no es por sí un hecho típico ni penalmente relevante. En realidad se lo puede considerar un acto neutral desde el punto de vista penal. La doctrina reciente estima que estos actos son comportamientos cotidianos y socialmente adecuados", sentencia Horrach.

Los presupuestos de la Generalitat para 2015

Barcelona, 07/12/2014

Maite Alamillo, Laura Bonet, Elvira Carmona, Saray Cruz, Laura Flamarich

La relación entre el gobierno español y el catalán está más deteriorada que nunca después del 9N. El conflicto vuelve a estar en auge a causa de la presentación de los presupuestos de la Generalitat para el 2015. El conseller de Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, afirmó en la rueda de prensa de presentación de los presupuestos que la economía catalana "continúa en situación difícil, con una financiación insuficiente", criticando así la cantidad de dinero que reciben por parte del gobierno central. Aseguró que estamos en buen camino para salir de la crisis, con unos datos “excelentes” como el del paro de noviembre pero que la Generalitat sufre las consecuencias de una financiación insuficiente y del objetivo de déficit del 0’7%, muy difícil de cumplir. El conseller también afirmó que “estos presupuestos tienen plus político porque reclamarán las deudas históricas", además de pedir un reparto más justo de los ingresos y del cálculo del objetivo de déficit. 

Andreu Mas-Colell y Artur Mas durante un pleno en el Parlamento. Foto: EFE

La consejera del grupo municipal de CiU en el distrito de Gràcia, Berta Clemente, piensa que los presupuestos para el 2015 son moderadamente expansivos. Además, destaca que las reclamaciones al estado que han incluido, con valor de 2.138 millones, son totalmente necesarias dado que las balanzas fiscales demuestran que la financiación de Catalunya es claramente insuficiente. La consejera defiende que es totalmente necesario que la ahora Comunidad Autónoma catalana llegue al 0,7% de déficit. Clemente cree que, si existe déficit, es totalmente imprescindible establecer planes económicos financieros para reducirlo. La consejera es de la opinión de que el hecho de que Catalunya reivindique su derecho a gestionar sus recursos no le excluye de cuadrar los números.

Según los presupuestos para 2015, los funcionarios públicos de la Generalitat recuperarán la paga extra de Navidad el año que viene. Esta recuperación, que tiene un coste de 610 millones de euros, supondrá que el gasto de los departamentos suba el 5,6%. Por otro lado, también se especifica que el presupuesto en educación se incrementará el 0,4% mientras que el destinado a salud permanecerá estable.

Mantenimiento del nivel de gasto de 2014 y recuperación de retribuciones de los empleados públicos Presupuesto de Catalunya para el 2015. Grafico: gencat.cat

Los presupuestos propuestos por la Generalitat necesitan una financiación de 22.481 millones de euros pero solo dispone de 19.981 millones. La Generalitat pedirá a Hacienda los 2.500 millones que faltan para cuadrar los presupuestos. El dinero que reclama la Generalitat provendría de los fondos de la disposición adicional tercera de  2008, que serían 759 millones de euros, la compensación por el impuesto de depósitos bancarios, con los que obtendrían 635 millones y un adelanto del fondo de competitividad  de 789 millones para el próximo año.

Sin embargo, el resto de los partidos catalanes no han visto con buenos ojos las decisiones de Mas. Miquel Iceta, el primer secretario del PSC, asegura no estar de acuerdo con los presupuestos que propone el presidente catalán. “Sí, descartamos nuestro apoyo”, declaraba en una conferencia, argumentando que la “hoja de ruta” escogida por Artur Mas no ha sido la más correcta. Otro partido que tampoco está contento con los datos presupuestarios es ERC. Oriol Junqueras afirmó en una entrevista de TV3 que no apoyará a Mas en este tema ya que “si se aprueban, se dejarán muchas facturas sin pagar”, por lo que ha apostado por prorrogar las cuentas del 2014. Aunque también ha asegurado que está convencido de que pueden llegar a un acuerdo con el presidente catalán y anticipar las elecciones al Parlament.

A diferecia de estas opiniones en contra, la consejera de CiU Gràcia valora el mandato de Artur Mas como muy positivo, ya que piensa que, a pesar de que ganó las elecciones en un momento muy complicado en el que tuvo que tomar decisiones impopulares, siempre ha actuado con honestidad y tratando a los ciudadanos como a adultos. Berta Clemente asegura que, incluso las personas situadas en las antípodas ideológicamente hablando, reconocen la buena gestión de la crisis por parte de Mas, y también su sinceridad a la hora de dar explicaciones no tan positivas. Además, destaca: “La figura del presidente de la Generalitat es mucho más representativa para los catalanes que no la de un presidente del Estado Español que se dirige a ellos a través de pantallas de plasma”.

Por otro lado, Artur Mas tiene la intención de que los nuevos presupuestos sirvan para recuperar las pagas de los funcionarios y hacer obras públicas nuevas al servicio de los ciudadanos. Uno de los proyectos es el desdoblamiento de la Ronda de Manresa (C-55) para mejorar la seguridad de la carretera, así como la construcción de la rotonda en la C-16c en Sant Fruitós del Bagés. No obstante, la diputada de ICV-EUiA, Sara Vila, piensa que estas obras son innecesarias y que “no responden a las necesidades reales de la gente”.

El debate de las esmenas a la totalidad de los presupuestos de la Generalitat para el 2015 será el 17 de diciembre. Y el debate final, tendrá lugar el 4 y 5 febrero.

PP plantea pactar con PSOE si no obtiene la mayoría absoluta

Barcelona, 02/12/2014

Maite Alamillo, Laura Bonet, Elvira Carmona, Saray Cruz, Laura Flamarich

María Dolores Cospedal, secretaria general del PP, ha afirmado esta mañana que se podría contemplar una “gran coalición” en el caso de que no se revalidara la mayoría absoluta. La entrevista se ha llevado a cabo esta mañana en el programa de AR de Telecinco.

María Dolores de Cospedal durante la entrevista del programa AR
Fuente: Telecinco.es

La segunda del PP ha añadido que podría estar de acuerdo con esta coalición porque ambos partidos están a favor de “garantizar la estabilidad de España” y que siempre estaría a favor “para garantizar la gobernabilidad del país, de un acuerdo, de acuerdos, entre partidos democráticos”.

No obstante, ha responsabilizado al PSOE de no haberse puesto de acuerdo hasta ahora “en los grandes temas del estado”. Y reprocha a los socialistas que rompan acuerdos que consensuaron hace tiempo con los populares en relación a la reforma del artículo 135 de la Constitución, sobre límites públicos.

BAJAN LOS DATOS DEL PARO

Por otro lado, Cospedal también ha confirmado que los datos del paro bajan y están marcando una nueva tendencia, “aunque todavía tenemos que terminar de recuperarnos de una crisis”, asegura.

España, el país de los desahucios

Barcelona, 01/12/2014

Maite Alamillo, Laura Bonet, Elvira Carmona, Saray Cruz, Laura Flamarich

La ley hipotecaria no es igual en todos los países de Europa. España se encuentra, por ejemplo, muy lejos del caso italiano o del belga. La situación en Italia es muy particular: los bancos otorgan hipotecas por el 60 % del valor de la casa, con lo que los propietarios nunca tienen que afrontar unos pagos excesivos. Además, si el comprador no puede asumir la hipoteca, se le permite pedir al banco la suspensión  del pago por un plazo no superior a un año. En Bélgica, cuando alguien no puede asumir una hipoteca, su vivienda se pone en venta, con la intención de devolver al banco el importe de la deuda. En el caso de que la venta no cubriera la deuda, el banco tiene que asumir esa pérdida, mientras que el deudor queda registrado como “mal pagador”, con lo que únicamente se encontrará con difucultades para que le concedan más créditos.

Víctimas de los deshaucios por Olmo Calvo. Foto: periodismohumano

El Tribunal de Justicia (TJ) de la Unión Europea considera que la ley hipotecaria en España es abusiva e ilegal, de acuerdo con lo que establece la  Directiva 93/13/CEE del Consejo Europeo sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. La última revisión la norma hipotecaria española se produjo después de que Mohamez Aziz demandara a Catalunya Caixa. Este ciudadano consiguió que el Tribunal de Luxemburgo le diera la razón frente a los argumentos del banco. El experto en derecho hipotecario Rafael Mayoral, explica que el TJ de la UE confirma que la actual ley española "deja claro que España viola sistemáticamente los derechos humanos". Al parecer, la ley hipotecaria incumple el artículo 47 de la Carta de Derechos Humanos de la UE. El letrado afirma que los jueces españoles "tienen la obligación de cumplir con el Estado de Derecho y suspender la aplicación de la ley española", con lo que tienen que parar los desahucios.

El caso de España

El caso en España durante el 2014 no parece recuperarse. Durante el segundo trimestre de 2014 se han producido 18.749 desahucios, un 3,7% más que el año anterior durante el mismo periodo, según afirman los datos de CGPJ. La causa de éstos se atribuye en un 53,2% a la Ley de Arrendamientos, el 44,2% a las ejecuciones hipotecarias y el 4,6% restante a otras causas. Cataluña se sitúa como la primera en la lista de las Comunidades Autónomas con más desahucios con un 23,3%, seguida de la Comunidad Valenciana con un 15,5%, Andalucía con un 15,3% y Madrid con un 10,8%. Además, los datos publicados por el CGPJ no incluyen los casos en que las familias deciden “autodesahuciarse” para evitar que se tramite la orden judicial, por lo que los datos en realidad son aún más alarmantes.

A pesar de las propuestas y modificaciones que se han hecho sobre la Ley Hipotecaria Española, una de las cuales pedida directamente en marzo de 2013 por el Tribunal de Justicia de la UE por no garantizar una protección suficiente a los ciudadanos frente a las cláusulas abusivas en las hipotecas, no son suficientes para disminuir estas cifras. En septiembre de 2014, las medidas antidesahucio sólo habían beneficiado a 4.000 familias, frente a las 9.861 que las solicitaron. Según el informe publicado por la Organización Internacional Human Rights Watch en junio de 2014, el Gobierno español actualmente no está tomando las medidas necesarias y hace un llamamiento para que ayude a un mayor número de personas.

Manifestación stop desahucios. Foto: huffingtonpost.es

Origen de los desahucios

En 2007, el sector inmobiliario español experimentó caídas en Bolsa del 20%. En aquél momento se estaban vendiendo menos pisos, la gente se estaba endeudando y como consecuencia algunas inmobiliarias se veían obligadas a cerrar. La crisis económica y financiera mundial llegó unos meses más tarde, en septiembre de 2008, cuando el banco Lehman Brothers de Estados Unidos se declaró en bancarrota. Fue en ese mismo año que estalló la burbuja económica española. Fue entonces cuando empezaron los primeros desahucios por la imposibilidad de afrontar las hipotecas y el pago de los alquileres de la gente que había perdido su trabajo. Según un informe elaborado por la PAH, hubo un total de 49.848 desahucios estimado a finales 2008, siendo Cataluña la comunidad más afectada. Antes de 2008 los bancos no solo dieron préstamos a las familias sino que también se aliaron con los constructores. El resultado de la unión fue que los bancos empezaron a financiar la compra de suelo y la construcción de viviendas sin control. Actualmente, según los datos de mayo de 2014 publicado por el Banco de España hubo 44.745 desahucios en 2012 y un total de 49.694 en 2013.

Datos del Banco de España. Fuente: Maite Alamillo

Plataformas en contra y bancos

A mitad de 2006 surgió en Barcelona V de Vivienda, un colectivo que denunciaba la existencia de la burbuja inmobiliaria. El colectivo, en octubre de 2008 y después de que explotara la burbuja inmobiliaria en todo el mundo, organizó una jornada bajo el nombre “No dejaremos que los bancos nos echen de casa”. Ahí empezó a surgir la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) como movimiento social para defender el derecho a la vivienda. La PAH denuncia que la Ley Hipotecaria española va en contra de los derechos humanos haciendo que las familias sin recursos tengan que verse en la calle y con deudas de por vida que no pueden asumir.

Esta misma ley es bajo la que se refugian los bancos para justificar los desahucios. La dación de pago, acción de entrega del inmueble a cambio de la deuda, sólo es obligatoria para las familias pero voluntaria para los bancos, según aparece en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria. En caso de que una familia deje de pagar la hipoteca, el banco puede reclamar la cantidad total del préstamo en lugar de solo pedir los pagos atrasados. Sin embargo, esta ley ha sido considerada como ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por vulnerar los derechos humanos.

Actuaciones recientes

Catalunya está intentando tomar medidas en el asunto. El pasado 10 de julio se presentó en el Parlament la ILP de Medidas Urgentes para hacer frente a la Emergencia Habitacional y la Pobreza Energética, que ha sido promovida por la PAH, el Observatorio DESC y la Alianza contra la pobreza energética. El 13 de octubre esta ley fue admitida a trámite. Actualmente, se están recogiendo firmas (son necesarias 50.000) y si toda va bien, dentro de tres meses se pasará a su tramitación parlamentaria.

Actuación de la PAH. Foto: afectadosporlahipoteca

Según la PAH, esta iniciativa pretende crear mecanismos para dar una segunda oportunidad a las familias sobreendeudadas respecto a su vivienda habitual; crear un alquiler social para personas en riesgo de desahucio cuando el propietario sea un banco, ya que ahora mismo en Cataluña, por ejemplo, sólo hay 30.000 pisos con alquiler social; dar realojo garantizado para desahuciados en situación de vulnerabilidad cuando el propietario no sea un banco; obligar a las entidades financieras a alquilar obligatoriamente los pisos vacíos de su propiedad (actualmente, sólo en Cataluña, hay 448.356 pisos vacíos propiedad de bancos) y dar acceso garantizado a suministros básicos de agua y luz.

La admisión a trámite de esta ILP puede ser un buen precedente para que otras comunidades hagan lo mismo. En Galicia y Murcia, por ejemplo, ya se están empezando a tomar medidas parecidas para hacer llegar propuestas a sus respectivos parlamentos. Los gobiernos autonómicos también pueden actuar para acabar con los desahucios y demostrar así que existe voluntad política de ayudar a los afectados, dejando de vulnerar los derechos humanos básicos, y dejar de proteger a los bancos.