España, el país de los desahucios

Barcelona, 01/12/2014

Maite Alamillo, Laura Bonet, Elvira Carmona, Saray Cruz, Laura Flamarich

La ley hipotecaria no es igual en todos los países de Europa. España se encuentra, por ejemplo, muy lejos del caso italiano o del belga. La situación en Italia es muy particular: los bancos otorgan hipotecas por el 60 % del valor de la casa, con lo que los propietarios nunca tienen que afrontar unos pagos excesivos. Además, si el comprador no puede asumir la hipoteca, se le permite pedir al banco la suspensión  del pago por un plazo no superior a un año. En Bélgica, cuando alguien no puede asumir una hipoteca, su vivienda se pone en venta, con la intención de devolver al banco el importe de la deuda. En el caso de que la venta no cubriera la deuda, el banco tiene que asumir esa pérdida, mientras que el deudor queda registrado como “mal pagador”, con lo que únicamente se encontrará con difucultades para que le concedan más créditos.

Víctimas de los deshaucios por Olmo Calvo. Foto: periodismohumano

El Tribunal de Justicia (TJ) de la Unión Europea considera que la ley hipotecaria en España es abusiva e ilegal, de acuerdo con lo que establece la  Directiva 93/13/CEE del Consejo Europeo sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. La última revisión la norma hipotecaria española se produjo después de que Mohamez Aziz demandara a Catalunya Caixa. Este ciudadano consiguió que el Tribunal de Luxemburgo le diera la razón frente a los argumentos del banco. El experto en derecho hipotecario Rafael Mayoral, explica que el TJ de la UE confirma que la actual ley española "deja claro que España viola sistemáticamente los derechos humanos". Al parecer, la ley hipotecaria incumple el artículo 47 de la Carta de Derechos Humanos de la UE. El letrado afirma que los jueces españoles "tienen la obligación de cumplir con el Estado de Derecho y suspender la aplicación de la ley española", con lo que tienen que parar los desahucios.

El caso de España

El caso en España durante el 2014 no parece recuperarse. Durante el segundo trimestre de 2014 se han producido 18.749 desahucios, un 3,7% más que el año anterior durante el mismo periodo, según afirman los datos de CGPJ. La causa de éstos se atribuye en un 53,2% a la Ley de Arrendamientos, el 44,2% a las ejecuciones hipotecarias y el 4,6% restante a otras causas. Cataluña se sitúa como la primera en la lista de las Comunidades Autónomas con más desahucios con un 23,3%, seguida de la Comunidad Valenciana con un 15,5%, Andalucía con un 15,3% y Madrid con un 10,8%. Además, los datos publicados por el CGPJ no incluyen los casos en que las familias deciden “autodesahuciarse” para evitar que se tramite la orden judicial, por lo que los datos en realidad son aún más alarmantes.

A pesar de las propuestas y modificaciones que se han hecho sobre la Ley Hipotecaria Española, una de las cuales pedida directamente en marzo de 2013 por el Tribunal de Justicia de la UE por no garantizar una protección suficiente a los ciudadanos frente a las cláusulas abusivas en las hipotecas, no son suficientes para disminuir estas cifras. En septiembre de 2014, las medidas antidesahucio sólo habían beneficiado a 4.000 familias, frente a las 9.861 que las solicitaron. Según el informe publicado por la Organización Internacional Human Rights Watch en junio de 2014, el Gobierno español actualmente no está tomando las medidas necesarias y hace un llamamiento para que ayude a un mayor número de personas.

Manifestación stop desahucios. Foto: huffingtonpost.es

Origen de los desahucios

En 2007, el sector inmobiliario español experimentó caídas en Bolsa del 20%. En aquél momento se estaban vendiendo menos pisos, la gente se estaba endeudando y como consecuencia algunas inmobiliarias se veían obligadas a cerrar. La crisis económica y financiera mundial llegó unos meses más tarde, en septiembre de 2008, cuando el banco Lehman Brothers de Estados Unidos se declaró en bancarrota. Fue en ese mismo año que estalló la burbuja económica española. Fue entonces cuando empezaron los primeros desahucios por la imposibilidad de afrontar las hipotecas y el pago de los alquileres de la gente que había perdido su trabajo. Según un informe elaborado por la PAH, hubo un total de 49.848 desahucios estimado a finales 2008, siendo Cataluña la comunidad más afectada. Antes de 2008 los bancos no solo dieron préstamos a las familias sino que también se aliaron con los constructores. El resultado de la unión fue que los bancos empezaron a financiar la compra de suelo y la construcción de viviendas sin control. Actualmente, según los datos de mayo de 2014 publicado por el Banco de España hubo 44.745 desahucios en 2012 y un total de 49.694 en 2013.

Datos del Banco de España. Fuente: Maite Alamillo

Plataformas en contra y bancos

A mitad de 2006 surgió en Barcelona V de Vivienda, un colectivo que denunciaba la existencia de la burbuja inmobiliaria. El colectivo, en octubre de 2008 y después de que explotara la burbuja inmobiliaria en todo el mundo, organizó una jornada bajo el nombre “No dejaremos que los bancos nos echen de casa”. Ahí empezó a surgir la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) como movimiento social para defender el derecho a la vivienda. La PAH denuncia que la Ley Hipotecaria española va en contra de los derechos humanos haciendo que las familias sin recursos tengan que verse en la calle y con deudas de por vida que no pueden asumir.

Esta misma ley es bajo la que se refugian los bancos para justificar los desahucios. La dación de pago, acción de entrega del inmueble a cambio de la deuda, sólo es obligatoria para las familias pero voluntaria para los bancos, según aparece en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria. En caso de que una familia deje de pagar la hipoteca, el banco puede reclamar la cantidad total del préstamo en lugar de solo pedir los pagos atrasados. Sin embargo, esta ley ha sido considerada como ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por vulnerar los derechos humanos.

Actuaciones recientes

Catalunya está intentando tomar medidas en el asunto. El pasado 10 de julio se presentó en el Parlament la ILP de Medidas Urgentes para hacer frente a la Emergencia Habitacional y la Pobreza Energética, que ha sido promovida por la PAH, el Observatorio DESC y la Alianza contra la pobreza energética. El 13 de octubre esta ley fue admitida a trámite. Actualmente, se están recogiendo firmas (son necesarias 50.000) y si toda va bien, dentro de tres meses se pasará a su tramitación parlamentaria.

Actuación de la PAH. Foto: afectadosporlahipoteca

Según la PAH, esta iniciativa pretende crear mecanismos para dar una segunda oportunidad a las familias sobreendeudadas respecto a su vivienda habitual; crear un alquiler social para personas en riesgo de desahucio cuando el propietario sea un banco, ya que ahora mismo en Cataluña, por ejemplo, sólo hay 30.000 pisos con alquiler social; dar realojo garantizado para desahuciados en situación de vulnerabilidad cuando el propietario no sea un banco; obligar a las entidades financieras a alquilar obligatoriamente los pisos vacíos de su propiedad (actualmente, sólo en Cataluña, hay 448.356 pisos vacíos propiedad de bancos) y dar acceso garantizado a suministros básicos de agua y luz.

La admisión a trámite de esta ILP puede ser un buen precedente para que otras comunidades hagan lo mismo. En Galicia y Murcia, por ejemplo, ya se están empezando a tomar medidas parecidas para hacer llegar propuestas a sus respectivos parlamentos. Los gobiernos autonómicos también pueden actuar para acabar con los desahucios y demostrar así que existe voluntad política de ayudar a los afectados, dejando de vulnerar los derechos humanos básicos, y dejar de proteger a los bancos.