La nueva ley de Propiedad Intelectual ha vuelto a suscitar polémica y, por enésima vez, se ha abierto el debate acerca cómo poder beneficiar tanto a autores como a consumidores
Barcelona, 30/11/2014
Ester Arroyo, Laura Campillo, Eduard Cortines y Jaime García
La piratería no es nada nuevo ni ha nacido como consecuencia de la crisis económica que España aún está padeciendo. Sin embargo, sí que ha ido en aumento durante este difícil periodo para los bolsillos de los ciudadanos. Según los resultados del último Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales, en 2013 se alcanzaron los 3.192 millones de descargas ilegales, lo que supone un 4,6% más respecto a los 3.050 de 2012. De estas cifras negativas para la Propiedad Intelectual se extrae una clara conclusión: se necesita un cambio que beneficie a todos.
La Ley de Propiedad Intelectual es aquella que combate la piratería y las descargas de manera indebida. Esta se autodefine como la ley que protege a los “derechos de carácter personal y/o patrimonial que atribuyen al autor y a otros titulares la disposición y explotación de sus obras y prestaciones”. Así pues, se puede penalizar y multar si algún individuo utiliza o difunde una obra ajena tal y como lo manda el código penal. Como se ha expuesto, dicha ley incluye dos derechos: el de autoría, que es el que atribuye legalmente una obra a su creador, y el de distribución, que puede ser cedido a diversas Entidades de Gestión.
Esta ley ha vivido una última actualización, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2015 gracias a los votos del Partido Popular. Las nuevas competencias que se han agregado son las siguientes: la creación de las tasas que tendrán que pagar los agregadores de noticias a los editores de información por incluir enlaces y fragmentos en sus páginas web. Además del ámbito empresarial, en el ámbito docente, las Universidades y centros de investigación tendrán que pagar la multa al difundir material del autor. En cuanto a la copia de contenidos, sólo serán lícitas si se llevan a cabo a título personal y son realizadas a partir de obras que se hayan obtenido de una manera legal.
El portavoz de cultura del Partido Popular gallego, Juan de Dios Ruano, defendió en el Pleno del Congreso que esta reforma de ley mejora la eficacia y la transparencia de las sociedades de los derechos de autor. Asimismo, el político también aseguró que se han logrado unos objetivos vitales para proteger y defender a los creadores culturales, como “el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión” o "la mejora de la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital".
No obstante, la oposición considera “una chapuza” la reforma en cuestión y opina que va a perjudicar a la industria cultural del país y a la economía digital, además de no solucionar el problema de la piratería. Por ejemplo, el diputado de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, manifestó en el Pleno que la ley “bloquea a emprendedores” y predijo que la tasa de agregadores de contenido “será vetada por el Tribunal de la Unión Europea”.
De ‘cultura libre’ a ‘cultura gratis’
La piratería no es nada nuevo ni ha nacido como consecuencia de la crisis económica que España aún está padeciendo. Sin embargo, sí que ha ido en aumento durante este difícil periodo para los bolsillos de los ciudadanos. Según los resultados del último Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales, en 2013 se alcanzaron los 3.192 millones de descargas ilegales, lo que supone un 4,6% más respecto a los 3.050 de 2012. De estas cifras negativas para la Propiedad Intelectual se extrae una clara conclusión: se necesita un cambio que beneficie a todos.
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Se accede ilegalmente a música (27%), películas (43%), libros (21%) y videojuegos (9%), según el citado estudio. Fuente: Alifa.org |
La Ley de Propiedad Intelectual es aquella que combate la piratería y las descargas de manera indebida. Esta se autodefine como la ley que protege a los “derechos de carácter personal y/o patrimonial que atribuyen al autor y a otros titulares la disposición y explotación de sus obras y prestaciones”. Así pues, se puede penalizar y multar si algún individuo utiliza o difunde una obra ajena tal y como lo manda el código penal. Como se ha expuesto, dicha ley incluye dos derechos: el de autoría, que es el que atribuye legalmente una obra a su creador, y el de distribución, que puede ser cedido a diversas Entidades de Gestión.
Esta ley ha vivido una última actualización, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2015 gracias a los votos del Partido Popular. Las nuevas competencias que se han agregado son las siguientes: la creación de las tasas que tendrán que pagar los agregadores de noticias a los editores de información por incluir enlaces y fragmentos en sus páginas web. Además del ámbito empresarial, en el ámbito docente, las Universidades y centros de investigación tendrán que pagar la multa al difundir material del autor. En cuanto a la copia de contenidos, sólo serán lícitas si se llevan a cabo a título personal y son realizadas a partir de obras que se hayan obtenido de una manera legal.
El portavoz de cultura del Partido Popular gallego, Juan de Dios Ruano, defendió en el Pleno del Congreso que esta reforma de ley mejora la eficacia y la transparencia de las sociedades de los derechos de autor. Asimismo, el político también aseguró que se han logrado unos objetivos vitales para proteger y defender a los creadores culturales, como “el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión” o "la mejora de la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital".
No obstante, la oposición considera “una chapuza” la reforma en cuestión y opina que va a perjudicar a la industria cultural del país y a la economía digital, además de no solucionar el problema de la piratería. Por ejemplo, el diputado de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, manifestó en el Pleno que la ley “bloquea a emprendedores” y predijo que la tasa de agregadores de contenido “será vetada por el Tribunal de la Unión Europea”.
De ‘cultura libre’ a ‘cultura gratis’
El uso generalizado de Internet por parte de la población en países desarrollados está provocando un proceso de cambio de ideas o de concepción de las obras. El término ‘cultura libre’, que en su principio ofrecía la red como vía para intercambiar conocimiento, se ha ido desarrollando hasta ser concebida por muchos como ‘cultura gratis’. Así, millones de obras y materiales circulan en la red sin que los autores tengan un control sobre ellas. Tal y como defiende el autor de la obra 'Cultura Libre', Lawrence Lessig, “una cultura libre apoya y protege a creadores e innovadores”. Sin embargo, Internet tiende a expandir el dominio público, facilita que se copien, transformen y se compartan las obras a escala mundial. De este modo, la ‘cultura libre’ pasa a ser ‘cultura gratis’.
Luis Iván, que fue nombrado hace dos años mejor hacker europeo menor de 18 años, nos comenta que mientras el copyright impone múltiples normas al usuario sobre un producto, la licencia Creative Commons (CC) otorga a los creadores una serie de derechos, pero son los propios autores los que deciden qué derechos tener y cuáles ceder a los usuarios. Así pues, la licencia Creative Commons encaja más en los tiempos en los que vivimos. Tanto creadores como consumidores tienen poder sobre el producto y ambos se benefician, como es el caso de YouTube, que emplea CC. De esta forma se apuesta en Internet por la cultura libre. Una cultura que tiene en cuenta las decisiones del autor y que puede ayudar a compartir el conocimiento y crear nuevas ideas.
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Estas son las condiciones que los autores pueden establecer en Creative Commons |
Según el Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo
Digitales 2013, la música supone el 27% de creaciones culturales a las que se
acceden ilegalmente. Por ello, es uno de los sectores más afectados. El Anuario SGAE 2014 arroja unos datos que pueden mostrar el estado actual del mercado de la música. En España, este mercado tiene más pérdidas que a nivel mundial. Con un 15,1% de disminución con respecto al 2012, el mercado de la música se situó en el 2013 con unos ingresos totales de 119.781.000 euros. Por ello, el mercado físico sufrió un descenso del 22,8% respecto al año anterior. Asimismo, destaca que desde el 2008 se ha experimentado una disminución del 70,4%.
Si traducimos estas cifras en la venta de discos físicos, la sorpresa puede ser mayor. Según SGAE, si en el año 2008 se vendían 30.000 miles de unidades, la crisis y el aumento de la piratería han dejado este número en poco más de un tercio en 2013 (10.336 miles de unidades). Así pues, el mercado discográfico está sufriendo una marcada tendencia al descenso de la venta de discos.
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